Decreto de consulta popular llega a la Registraduría para su análisis

Este viernes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro envió oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el decreto con el que convoca a una consulta popular, cumpliendo así con el anuncio hecho días atrás por el propio mandatario.Con este paso, se activa el proceso de análisis jurídico que deberá adelantar la Registraduría para definir si da inicio o no al trámite del calendario electoral.La iniciativa se da en medio de una fuerte controversia jurídica y política. El presidente Petro ha defendido su decisión afirmando que, al no existir un concepto emitido por el Senado, pese a que la Cámara Alta votó en contra de la consulta hace unas semanas, se encuentra habilitado para proceder por decreto. Esta interpretación ha sido criticada por varios sectores, que consideran que el hundimiento en el Congreso representa una negativa explícita del Legislativo y, por tanto, inhabilita al Ejecutivo para convocar directamente.Hasta el momento, el registrador nacional, Hernán Penagos, no se ha pronunciado sobre el decreto ni ha ofrecido detalles sobre los pasos a seguir. No obstante, como máxima autoridad electoral, la Registraduría deberá examinar la legalidad del documento, evaluar su viabilidad y definir si inicia el trámite correspondiente que incluiría, entre otros aspectos, la elaboración de un calendario electoral, la logística de la jornada y la garantía de los recursos necesarios para su ejecución.Expertos en derecho constitucional han advertido que este caso podría escalar hasta la Corte Constitucional, en caso de que se presenten demandas contra el decreto. También han señalado que este tipo de consultas deben cumplir con requisitos estrictos de legalidad, competencia y participación, por lo que cualquier irregularidad podría poner en entredicho su validez.