JEP defiende sanciones restaurativas a excomandantes del bloque noroccidental de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a siete excomandantes del bloque noroccidental de las FARC-EP a dos Audiencias Regionales de Reconocimiento de Verdad que se llevarán a cabo el 24 de junio en Caicedo y el 27 de junio en Medellín. En estos espacios deberán admitir su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.Esta estructura fue una de las más activas durante el conflicto armado y es responsable de cerca del 25 % de todos los secuestros atribuidos a las FARC a nivel nacional, según registros recopilados por la JEP. Entre los casos que se abordarán están el asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, de su asesor Gilberto Echeverri y del cabo José Norberto Pérez, así como el secuestro del excongresista Óscar Tulio Lizcano.La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien presidirá las audiencias, explicó en Mañanas Blu 10:30 que este tipo de diligencias marcan el cierre de la etapa ante la Sala de Reconocimiento. “La audiencia de reconocimiento es la última diligencia que se hace en la etapa ante la sala de reconocimiento. Y es el momento que tienen los comparecientes que fueron seleccionados para hacer su reconocimiento en público y cara a cara las víctimas”, dijo.Aunque los comparecientes ya han reconocido por escrito sus delitos y se han preparado para comparecer, Lemaitre aclaró que la audiencia “es libre” y, en teoría, podrían retractarse. Sin embargo, señaló que esa posibilidad es poco probable y que, de suceder, “se remiten a un juicio”.La magistrada también se refirió al tipo de sanciones que contempla el sistema transicional: “La JEP lo que tiene que aplicar es lo que dice la ley, que es una pena de contenido restaurativo, que está todo enfocado hacia la reincorporación de estas personas a la sociedad”. En ese sentido, recordó que el acuerdo de paz prevé “una restricción no carcelaria de la libertad” y sanciones que buscan la reparación simbólica y material de las víctimas, como trabajos comunitarios o labores ambientales.Lemaitre defendió el modelo de justicia restaurativa frente a las críticas por la supuesta ausencia de castigo. Explicó que la sanción busca “que la sociedad diga: esta persona reparó”, y agregó que el énfasis está en la resocialización y en “cómo se logra que las personas que cometieron los crímenes regresen a la sociedad y sean aceptados por ella”.Respecto al tiempo que ha tomado la JEP en avanzar con estos casos, Lemaitre aseguró que no se trata de un retraso sino del cumplimiento de un proceso complejo: “Estamos en el 2025, estamos un poco a mitad del mandato… en términos de la justicia ordinaria o de la justicia internacional, en realidad no hay un retraso”.Finalmente, Lemaitre insistió en que la JEP no puede modificar lo que fue acordado en La Habana: “Volver a traer ese debate… realmente no corresponde a la JEP. La JEP lo que tiene que aplicar es lo que dice la ley”.